Los Gobiernos tendrán un periodo de transición de tres años para romper con los proveedores de alto riesgo, con un impacto económico estimado de hasta 4.000 millones de euros. Más información: Bruselas amonesta a Sánchez por el contrato con Huawei para las escuchas judiciales: "Sube el riesgo de injerencia extranjera"