La Contraloría emitió un informe sobre las contrataciones en la Oficina de Legal y Constitucional del Congreso, área donde se originó el escándalo de la red de prostitución tras el asesinato de la abogada Andrea Vidal Gómez, y descartó de toda culpa a la Presidencia del Parlamento. En paralelo, se encontró que tres funcionarios involucrados presentaron presunta información falsa para laborar en dicha institución.