El pleno del Congreso aprobó hace unos días, en segunda votación, un dictamen que establece “responsabilidad penal por la comisión de graves delitos” a menores entre 16 y 17 años; en otras palabras, plantea que los adolescentes en ese rango etario sean procesados y juzgados como si fuesen adultos, con los que además compartirían centros penitenciarios.