El Gobierno comienza a encajar las piezas del “puzle” de sus negociaciones con Junts. El acuerdo para la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración allana el desbloqueo de la distribución territorial de menores migrantes llegados a las costas canarias, según reconocen en Moncloa. No a través de un reparto puntual para aliviar la situación de Canarias, el plan B que se puso sobre la mesa ante la falta de apoyos parlamentarios y el rechazo del PP, sino a través de una modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Esto es, para hacer estructural y obligatoria la acogida de menores migrantes en situaciones de presión asistencial como la actual.