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El Gobierno considera que la rescisión del contrato de balas a Israel tiene blindaje legal y descarta pagar el pedido

El Gobierno buscó todas las vías administrativas e intentó forzar una negociación con la empresa israelí IMI Systems antes de tomar la decisión de romper de forma unilateral el contrato de munición ya formalizado y publicado en el BOE. Las implicaciones legales, tras la advertencia de la Abogacía del Estado que desaconsejó rescindir el polémico contrato de 6.642.900 de euros en esta fase del procedimiento, obligaban a ello. No solo por el perjuicio para las arcas del Estado, sino por un riesgo de responsabilidad contable que pondría en la picota al responsable de romper el contrato, bajo la sombra de prevaricación. En este caso, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Desde Moncloa, que tomó las riendas del contrato para anularlo por orden directa de Pedro Sánchez, ante las presiones de Sumar, consideran haber dado con la tecla tanto para blindarse legalmente como para no tener que pagar el coste del pedido.


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ID: 823080217
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