A España le está costando más de la cuenta hacerse amiga de Francia. Tres años y medio después de que Pedro Sánchez y Emmanuel Macron se reunieran en Barcelona para sellar el primer Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países, el PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para elevar al Tribunal Constitucional las dudas que le genera el pacto y paralizar su tramitación. En concreto, los populares creen que es inconstitucional el artículo que contempla que cada tres meses, de manera alternativa, un ministro de uno de los países sea invitado a las reuniones del Consejo de Ministros de la otra nación. De nada ha servido la interpretación pactada por los ministros de ambos países para rebajar esos encuentros a reuniones 'ad hoc' "en los márgenes" de las reuniones del Consejo de Ministros.