Las relaciones entre las dos sensibilidades existentes en el Tribunal Constitucional nunca han sido fáciles, especialmente en los momentos en los que las deliberaciones que tienen entre manos se refieren a asuntos de gran repercusión mediática. Pasó con el Estatut de Catalunya y ahora la situación se está reproduciendo con la amnistía, pero a través de una fórmula que hasta ahora nunca se había planteado: la posibilidad de que las sentencias que ha dictado no sean ejecutadas directamente, sino que se consulte su aplicación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El último episodio lo ha protagonizado la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha unido a esa decisión inédita, la que todavía lo supone más de dirigirse al Constitucional para que le justifique por qué le requiere la providencia en la que daba el primer paso para elevar a Europa la sentencia de los ERE que debía ejecutar.