Después de 42 años pagando en el Huerna y con un dictamen de la UE reconociendo como ilegal la prórroga de la concesión, Asturias tiene ganadas las batallas social y jurídica contra el peaje. Falta por dirimir otra igual de importante, la política. Su resolución dará la medida del peso que el Gobierno central otorga al Principado y de lo que el Principado influye en el Gobierno central.