El Tribunal Supremo ha confirmado el desahucio de una vivienda en Ibiza y la resolución del contrato de alquiler de una pareja por el impago no de la renta, sino del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de la tasa de recogida de basuras de los años 2022 y 2023. La Sala de lo Civil considera válido el pacto por el que estos tributos se repercutían a los inquilinos y fija criterio sobre una cuestión clave para otros contratos: cuándo es obligatorio que el contrato especifique el importe anual de esos gastos.
