El magistrado que ha propuesto sentar en el banquillo por primera vez en democracia a un fiscal general de Estado, afirmando en el relato de hechos de su auto que la presunta revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se realizó "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno", es un jurista con 42 años de experiencia en la judicatura, acostumbrando a lidiar con asuntos de gran trascendencia y que despiertan respuestas en ocasiones extremas desde el ámbito político.