Tiempos de tramitación de la dependencia que superan ampliamente el plazo legal de los 180 días, alcanzando en muchos casos los 340 y 450 días; miles de personas en lista de espera en alguna fase del procedimiento, llegando a estimarse en 11.000 las personas que han muerto desde 2017 esperando una ayuda que por ley les correspondía; insuficientes plazas residenciales públicas y concertadas, con precios superiores a 2.100 euros mensuales; y familias soportando costes que deberían corresponder al sistema público.