En las últimas semanas se han intensificado los contactos entre la fiscalía, la acusación particular y los abogados defensores de los 17 implicados en una de las mayores estafas inmobiliarias ocurridas en España –entre los que se encuentran notarios y un abogado— para llegar a un acuerdo antes de la celebración del juicio, que empieza este lunes en Barcelona. Entre 2009 y 2015, 128 personas –entre ellas ancianos y ciudadanos con problemas económicos o de salud– fueron engañadas por una trama para apoderarse de sus viviendas. Los perjudicados pensaban que firmaban un préstamo y lo que realmente hacían era vender sus pisos.