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El Estado se ve obligado a encajar un gasto medio de 1.000 millones cada año por sentencias contrarias

Las resoluciones judiciales desfavorables para el Estado suponen un coste medio de unos 1.000 millones de euros cada año y supera ligeramente los 10.000 millones en el periodo entre 2014 y 2023, según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Además, de cara a futuros ejercicios, la Cuenta General del Estado recoge riesgos que, de forma orientativa, se sitúan por encima de los 12.000 millones de euros.


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