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El Supremo analiza si el Consejo del Poder Judicial "aplicó cuotas políticas" para cubrir 21 plazas vacantes

El pacto alcanzado el pasado 25 de junio entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial con más de cinco años de retraso, tras una reforma aplicada por el Gobierno de Pedro Sánchez que impedía hacer nombramientos mientras no se llegara a un acuerdo, obligaba a elegir de forma urgente los nombres de los jueces y juezas que debían ocupar el casi centenar de vacantes que se venían acumulando en la cúpula judicial, 31 de ellas en el Tribunal Supremo. A finales del pasado mes de enero se logró el consenso necesario para designar 21 de estas plazas en el alto tribunal, si bien los nombramientos dependen ahora del resultado de una demanda en la que se denuncia la aplicación de "cuotas políticas" que vulneran la legalidad.


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